La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, emitió un llamado formal dirigido a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el objetivo de establecer una mesa de diálogo interinstitucional para contener la degradación operativa del Estado mexicano. A través de un mensaje oficial difundido en plataformas digitales, la legisladora fundamentó la urgencia de la convocatoria en los indicadores de control territorial que registran las organizaciones criminales en diversas regiones de la República.
El diagnóstico cuantitativo presentado por la diputada federal estima que los grupos de la delincuencia organizada ejercen funciones de gobernanza de facto y extracción de rentas económicas en al menos el 30 por ciento del territorio nacional. De acuerdo con el balance legislativo, esta ocupación espacial se traduce en el cobro sistemático de cuotas y gravámenes ilegales a la ciudadanía a cambio de permitir la continuidad de las actividades comerciales y residenciales básicas.
La presidencia del órgano parlamentario asoció de manera directa los niveles actuales de violencia y parálisis institucional con los resultados métricos de la estrategia de seguridad pública federal denominada «Abrazos, no Balazos». Los registros de incidencia delictiva del fuero federal confirman que la omisión en el uso legítimo de la fuerza pública debilitó los esquemas de coordinación entre las fiscalías locales y las corporaciones federales de seguridad.
López Rabadán analizó el impacto de las recientes carpetas de investigación publicadas por agencias de procuración de justicia de los Estados Unidos, las cuales señalan presuntos nexos financieros entre estructuras políticas mexicanas y carteles transnacionales. La diputada señaló que la respuesta del aparato gubernamental ha consistido en la activación de un blindaje político-institucional que obstruye la fiscalización de los servidores públicos adscritos a las demarcaciones estatales bajo sospecha.
El planteamiento técnico de la Cámara de Diputados rechaza el uso conceptual de la soberanía nacional como un mecanismo de contención jurídica para evitar la rendición de cuentas de los funcionarios señalados. La legisladora puntualizó que los señalamientos de los tribunales internacionales no constituyen una agresión hacia el pueblo de México ni una intervención armada, sino un cuestionamiento focalizado en la infiltración delictiva dentro de las administraciones locales.
La propuesta de políticas públicas de la Mesa Directiva exige la cancelación inmediata del denominado pacto de impunidad mediante la articulación de un plan nacional de contingencia que involucre las capacidades de investigación financiera de la SCJN y los recursos operativos del Ejército. Este esquema de trabajo busca restablecer los contrapesos constitucionales que rigen el pacto federal, limitando la injerencia de las economías ilícitas en los procesos electorales.
El documento emitido por el Palacio Legislativo de San Lázaro será turnado a las comisiones técnicas de Gobernación y Puntos Constitucionales para estructurar la agenda del diálogo solicitado entre los tres Poderes de la Unión. Los indicadores presupuestales del próximo año fiscal estarán supeditados a la reconfiguración de las partidas destinadas al fortalecimiento de las policías municipales, un rubro crítico para recuperar los cuadrantes urbanos bajo control delictivo.