El repunte de Ismael Burgueño en la carrera interna de Morena obliga a poner una lupa ciudadana sobre las promesas que está realizando y, sobre todo, de dónde saldrá el dinero para cumplirlas. En cualquier elección, los candidatos ofrecen mejorar la ciudad a través de políticas públicas, que no son otra cosa que las recetas del gobierno para curar los males de una comunidad, ya sea la falta de agua, la inseguridad o la recolección de basura.
Para que estas recetas funcionen y no se queden en un simple discurso de campaña, se necesita financiamiento, y ese dinero proviene directamente del bolsillo de los ciudadanos a través del pago de impuestos. El avance de Burgueño en las encuestas significa que está un paso más cerca de manejar esos recursos, lo que hace indispensable exigir desde ahora un mecanismo claro de rendición de cuentas que explique cuánto costará cada una de sus propuestas.
Un gobierno no genera dinero por arte de magia, por lo que toda política pública implica tomar decisiones difíciles sobre a quién se le recorta presupuesto para dárselo a otro sector. Si el candidato puntero promete aumentar las ayudas sociales o construir más parques, la obligación de los observadores políticos y de los ciudadanos es preguntar qué impuesto va a subir o qué gasto administrativo va a recortar para que las matemáticas del ayuntamiento cuadren a fin de año.
Las reglas internas del partido establecen que los aspirantes deben apegarse a los principios de no mentir y no robar, pero en la práctica administrativa esto se debe traducir en contratos públicos transparentes y licitaciones abiertas. Si Burgueño logra la candidatura y posteriormente la alcaldía, su primera prueba de fuego será transparentar cómo elige a las empresas que tapan los baches o a los proveedores que venden las patrullas.
El seguimiento a los recursos no empieza cuando el político se sienta en la silla presidencial, sino desde que realiza su labor de convencimiento en las calles. Las autoridades electorales y los propios militantes tienen la tarea de auditar que el dinero utilizado para promocionar su imagen en esta etapa interna tenga un origen legal y no comprometa favores futuros con empresarios o grupos de interés.
Comprender la política pública desde la perspectiva de la vigilancia ciudadana significa entender que el gobierno es solo el administrador temporal del dinero del pueblo. Cuando Burgueño habla de proyectos de transformación, está presentando una cotización por sus servicios como administrador, y es derecho de los electores exigir ver los recibos, los costos y los tiempos exactos de entrega de cada obra.
El proceso interno de Morena se resolverá en los próximos días con base en encuestas, pero el verdadero escrutinio apenas comienza para el perfil ganador. La sociedad civil y los órganos de fiscalización mantendrán la presión para garantizar que cada peso prometido en la plaza pública aterrice de manera comprobable en el asfalto, las clínicas y las escuelas de la ciudad.