Por Bruno Cortés
Representantes de asociaciones y familiares de víctimas pidieron fortalecer la prevención de la violencia contra las mujeres, mejorar la respuesta de las autoridades y garantizar la reparación integral del daño, durante el foro nacional “Ley contra el feminicidio en México”, organizado por la diputada Ariana del Rocío Rejón Lara, del PRI, en la Cámara de Diputados.
Durante el encuentro, las participantes advirtieron que aumentar las penas de prisión no es suficiente para combatir el feminicidio si las instituciones no actúan oportunamente ante las amenazas, agresiones y denuncias de violencia contra las mujeres.
Valeria Lisset Villar Parra, integrante del colectivo Democracia Sin Miedo, informó que entre enero y agosto de 2026 México registró 440 víctimas clasificadas como feminicidio, lo que equivale a un promedio aproximado de 13 por semana. Aclaró que la cifra corresponde a los casos clasificados bajo ese delito y no al total de mujeres asesinadas en el país.
Al analizar la iniciativa de ley impulsada por el Ejecutivo Federal, que contempla penas de 50 a 70 años de prisión, Villar Parra señaló que la discusión debe considerar la capacidad de las instituciones para proteger a las mujeres antes de que sean asesinadas. Sostuvo que la severidad de las sanciones debe acompañarse de políticas de prevención eficaces.
La representante del colectivo planteó revisar los tiempos de respuesta de las autoridades ante las denuncias, la aplicación y supervisión de las medidas de protección, la disponibilidad de personal especializado y las responsabilidades institucionales cuando no se cumplen las obligaciones. También propuso establecer indicadores públicos, mecanismos de evaluación y responsabilidades verificables.
Por su parte, Paola Vanessa Navacalvo, de la Colectiva Asesoría Legal Feminista, afirmó que la legislación debe priorizar la prevención, la atención oportuna y la protección efectiva de las mujeres, además de establecer sanciones para quienes cometan feminicidio. Propuso fortalecer la prevención en sus distintos niveles, crear protocolos de atención inmediata y garantizar que las órdenes de protección se cumplan, así como reforzar las investigaciones con perspectiva de género.
Durante el foro, Elizabeth Machuca Campos, hermana de Eugenia Machuca Campos, relató las dificultades que ha enfrentado su familia para acceder a la justicia. Su hermana fue reportada como desaparecida y localizada sin vida el 28 de octubre de 2017 en Ocoyoacac, Estado de México. Dejó tres hijos que eran menores de edad cuando ocurrieron los hechos y que, según explicó, aún no han recibido una reparación integral del daño.
Machuca Campos indicó que, aunque hubo una sentencia, la investigación presentó deficiencias y el caso de su hermana fue reclasificado. Señaló que el presunto responsable la acosaba y perseguía, mientras que las medidas de protección no fueron suficientes para garantizar su seguridad. A partir de esta experiencia, formó el colectivo Flores en el Corazón, que acompaña a familias de personas desaparecidas y víctimas de feminicidio y violencia de género. También denunció que algunas autoridades no atienden oportunamente las denuncias y obligan a las familias a insistir para que sus casos sean considerados.
Finalmente, la integrante del colectivo pidió que la prevención de las desapariciones forme parte de las estrategias para evitar los feminicidios y que los foros sobre las leyes lleguen a los municipios con información accesible para las familias. Subrayó la importancia de que conozcan los procedimientos legales y las instituciones a las que pueden acudir para denunciar, solicitar protección y exigir justicia.