Por Juan Pablo Ojeda
El Senado de la República retiró de su portal institucional una década completa de registros correspondientes a información pública, contratos de adquisiciones y gastos operativos, según denunció este miércoles la organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19. La supresión de los archivos afecta los periodos comprendidos entre 2016 y 2026, eliminando de la red bases de datos relativas a licitaciones públicas, asignaciones directas y viáticos de los legisladores.
Los metadatos del sitio oficial muestran que las carpetas digitales que albergaban los informes de cuenta pública y los anexos de contratos con proveedores externos fueron removidas de los servidores de transparencia sin previo aviso a la ciudadanía ni justificación técnica por parte de la Secretaría General de Servicios Administrativos del órgano legislativo.
Organizaciones civiles dedicadas a la fiscalización del gasto gubernamental estiman que la información desindexada comprende más de 4,200 contratos de prestación de servicios y compras institucionales que superan en conjunto los 12 mil millones de pesos. La desaparición de estos archivos impide el cotejo fiscal y la trazabilidad de los recursos públicos ejercidos por las distintas bancadas parlamentarias durante las últimas dos legislaturas.
Ante esta situación, Artículo 19 exigió al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), así como a los órganos de fiscalización federal, la apertura inmediata de un procedimiento de sanción administrativa contra los funcionarios responsables de la alteración y ocultamiento de los registros oficiales de acceso público.
En el plano legal, la eliminación de documentos obligatorios bajo la Ley General de Transparencia vulnera los principios constitucionales de máxima publicidad y rendición de cuentas. Especialistas en derecho administrativo señalaron que la medida podría configurar delitos de ejercicio abusivo de funciones e incumplimiento de obligaciones de transparencia tipificados en el Código Penal Federal.
Los bloques de oposición en el Congreso manifestaron su extrañamiento ante la contingencia digital y solicitaron una auditoría forense a los respaldos informáticos del Senado. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, la Mesa Directiva no ha emitido un posicionamiento oficial que aclare el paradero físico o digital de los documentos gubernamentales desaparecidos.
Esta acción administrativa sin precedentes recientes en el poder legislativo mexicano profundiza la brecha de opacidad institucional, obstaculizando el trabajo de investigación periodística y el escrutinio ciudadano sobre el manejo financiero de los recursos públicos destinados a la operación parlamentaria en el país.