La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, advirtió que la viabilidad comercial de México en la actual ronda de negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) depende de la capacidad del Estado para garantizar la legalidad interna. Durante su intervención en la Comisión Permanente, la legisladora explicó que el gobierno federal debe demostrar que no protege a funcionarios vinculados con actividades ilícitas para mantener el estatus de socio comercial confiable frente a las presiones arancelarias norteamericanas.
Para ilustrar las fallas en el estado de derecho, la diputada analizó la mecánica del denominado «huachicol fiscal», una práctica de evasión de impuestos y contrabando de combustibles. Explicó que este delito requiere una red logística compleja que involucra la autorización, ingreso, aceptación y distribución del combustible, procesos que forzosamente demandan la colusión de al menos seis o siete autoridades de los tres niveles de gobierno, desestimando que un solo individuo fuera del poder público pueda operar este entramado.
Bajo este argumento técnico, López Rabadán calificó el reciente proceso judicial contra el exgobernador Ernesto Ruffo Appel como una cortina de humo diseñada para desviar la atención pública de los verdaderos operadores del contrabando de hidrocarburos. La vicepresidenta de la Comisión Permanente detalló que los expedientes de este caso carecen de sustento probatorio, lo que derivó en que un juez de carrera desestimara las acusaciones iniciales antes de que el caso fuera reasignado.
En materia de política exterior y economía, la legisladora subrayó la fragilidad de la posición mexicana al recordar que socios como Canadá ya enfrentan amenazas de aranceles de hasta el 50 por ciento. Explicó que el gobierno mexicano no debe ceder su soberanía, pero está obligado a presentar resultados tangibles en materia de seguridad fronteriza e institucional para evitar castigos comerciales que afectarían el desarrollo económico nacional.
En la misma agenda parlamentaria, se anunció que el próximo periodo ordinario de sesiones abordará la creación de un marco regulatorio sobre el acceso de menores de edad a redes sociales e inteligencia artificial. La propuesta busca evitar la prohibición absoluta de la tecnología, optando en su lugar por un esquema de habilitación y protección legal inspirado en modelos de derecho comparado implementados recientemente en Francia e Inglaterra.
Otro tema abordado fue el estatus de las mesas de seguridad estatales, particularmente en Baja California. López Rabadán demandó transparencia sobre un audio filtrado donde presuntamente la gobernadora del estado discute temas de seguridad nacional a cambio de gestiones para una visa estadounidense, subrayando que la información de inteligencia gubernamental no puede someterse a intercambios personales sin vulnerar los protocolos federales.
Finalmente, la diputada informó sobre el análisis en la Comisión de Puntos Constitucionales respecto a las pensiones de trabajadores retirados de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El objetivo de esta revisión legislativa es evaluar la viabilidad financiera y legal de un artículo transitorio que devuelva los derechos de jubilación adquiridos a extrabajadores con más de 35 años de servicio, cuyos ingresos fueron modificados por reformas recientes.